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Informe final de CEDAW 2018 (en español)

Informe final de CEDAW 2018 (en español)

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Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres  (CEDAW 2018) Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México

1. El Comité examinó el noveno informe periódico de México (CEDAW / C / MEX / 9) en sus sesiones 1608ª y 1609ª, celebradas el 6 de julio de 2018 (véanse CEDAW / SR / 1608 y 1609). La lista de cuestiones y preguntas del Comité figura en CEDAW / C / MEX / Q / 9 y ellas respuestas de México figuran en CEDAW / C / MEX / Q / 9 / Add.1.

A. Introducción. El Comité aprecia la presentación por parte del Estado parte de su noveno periódico informe. También agradece el informe de seguimiento del Estado Parte (CEDAW / C / MEX / CO / 9 / Add.11) y sus respuestas por escrito a la lista de temas y preguntas planteadas por el trabajo anterior al período de sesiones grupales, así como la presentación oral de la delegación y las aclaraciones adicionales en respuesta a las preguntas formuladas verbalmente por el Comité durante el diálogo.

3. El Comité reconoce al Estado parte por su delegación multisectorial, que fue encabezado por Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos humanos. La delegación estaba compuesta además por representantes del Ministerio del Interior; la Procuraduría General de la República; la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social; el Corte Suprema de Justicia Nacional; el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal; el Comisión Nacional de Tribunales Supremos de Justicia; la Comisión para la Igualdad de Género de la Cámara de Senadores; el Instituto Nacional de la Mujer; la Comisión Nacional de Prevenir y erradicar la violencia contra la mujer; la Comisión Ejecutiva para la Atención de las víctimas; el Consejo de la Judicatura Federal; el Ministerio de Asuntos Exteriores; el Ministerio de Defensa Nacional; el Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales para Trabajadores del Estado; el Ministerio de Educación Pública; el Consejo Nacional para la Prevención y Eliminación de Discriminación contra la mujer; el Instituto Nacional Electoral; el Instituto Mexicano de Seguridad Social; la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; el Sistema Nacional para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes; el Ministerio de salud; el Ministerio de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; la Oficina del Fiscal especial para investigar delitos relacionados con actos de violencia contra la mujer; la Secretaría del Sistema Nacional de Seguridad Pública; el Ministerio de Trabajo y Social Bienestar; la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas; el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; así como representantes del Poder Judicial y el Instituto de la Mujer de el estado federal de Coahuila. La delegación estuvo acompañada por el Embajador en la Misión de México ante las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Ginebra. Su Excelencia Socorro Flores Liera; y Embajador Alterno y Permanente Representante ante las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Ginebra, Su Excelentísimo señor Juan Raúl Heredia, junto con representantes de la Misión Permanente de México. El Comité aprecia el diálogo constructivo que tuvo lugar entre el delegación y el Comité.

B. Aspectos positivos 4. 

El Comité celebra los progresos logrados desde su examen en 2012 de lOs informes periódicos séptimo y octavo combinados del Estado parte (CEDAW / CMEX / CO / 7-8) en emprender reformas legislativas, en particular la adopción de lo siguiente: a) La Ley general sobre desapariciones forzadas, en 2018;

(b) La Ley de Planificación del Desarrollo Nacional (modificada en 2018), que promueve la igualdad de género y prohíbe la discriminación basada en el sexo;

(c) La Ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura (y otras formas crueles, trato inhumano o degradante), en 2017;

(d) Enmiendas a la Ley Federal sobre Prevención y Eliminación de la Discriminación, incluidas disposiciones que prohíben la misoginia, la homofobia y la discriminación racial la discriminación, en 2014, y el discurso de odio, incluidas las expresiones de sexismo, en 2017;

(e) Reformas a la Ley general sobre el acceso de las mujeres a una vida libre de Violencia, incluida una disposición que penaliza el feminicidio, en 2016;

f) La Ley general de la infancia y la adolescencia, que incluye disposiciones sobre la igualdad de derechos a la educación, la salud y la participación de niñas y niños, en 2014;

(g) La Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que incluye nueve artículos que promueven la igualdad de género en diferentes áreas, en 2014.

5. El Comité celebra los esfuerzos del Estado parte por mejorar su funcionamiento institucional y marco político para acelerar la eliminación de la discriminación contra la mujer y promover la igualdad de género, incluida la adopción o el establecimiento de:

a) El Programa nacional para la igualdad de oportunidades y la no discriminación contra la mujer, (PROIGUALDAD, 2018-2024);

(b) El Programa Nacional para la Igualdad y la No Discriminación (2014-2018);

(c) El Programa Nacional de Derechos Humanos (2014-2018);

(d) El Programa integral para prevenir, abordar, sancionar y eliminar Violencia contra la mujer (2014-2018);

(e) El Programa Nacional para el Avance y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (2014-2018);

f) El Acuerdo sobre la igualdad de género y la lucha contra la violencia contra la mujer en los medios (2016);

(g) La Estrategia Nacional para Prevenir Embarazos Adolescentes (2015).

6. El Comité acoge con satisfacción el hecho de que, en el período transcurrido desde el examen de informe anterior, el Estado Parte ha ratificado la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Convenio sobre la edad mínima de admisión al empleo, 1973 (núm. 138), 2015.

C. Objetivos de Desarrollo Sostenible

7. El Comité celebra el apoyo internacional para el desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y convocatorias para la realización de acciones en torno a igualdad de género (sustantiva) de jure y de hecho, en conformidad con las disposiciones de la Convención, durante todo el proceso de implementación de la Agenda 2030. El Comité recuerda la importancia del Objetivo 5 y la integración de los principios de igualdad y no discriminación en todos los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Invita al Estado parte a que reconozca a las mujeres como la fuerza motriz del desarrollo sostenible de su país y adoptar políticas y estrategias pertinentes para efecto.

D. Congreso 8. El Comité subraya el papel crucial del poder legislativo para garantizar la plena aplicación de la Convención (véase la declaración del Comité sobre su relación con los parlamentarios; anexo VI a A / 65/38). Invita al Congreso Nacional, de conformidad con su mandato, para tomar las medidas necesarias con aplicación de las presentes observaciones finales desde ahora ahora y hasta la presentación del próximo informe periódico en virtud de la Convención.

E. Principales áreas de preocupación y recomendaciones contexto general y violencia de género

9. El Comité reconoce los esfuerzos del Estado para superar el clima de violencia y promoción de los derechos de las mujeres. Sin embargo, reitera sus preocupaciones anteriores (CEDAW / CMEX / CO / 7-8, párr. 11) y lamenta que la persistencia de altos niveles de inseguridad, violencia y crimen organizado en el Estado, así como la militarización de la sociedad, puesto que está afectando negativamente el disfrute de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Es más preocupado por la posibilidad de que la aparición de propaganda contra el género en el Estado Parte pueda socavar logros alcanzados en los últimos años en el avance de la igualdad de género.

10. El Comité reitera sus recomendaciones anteriores (CEDAW / CMEX / CO / 7-8, párrafo 12) e insta al Estado a que:

a) Fortalezca su estrategia de seguridad pública para combatir la delincuencia organizada en conformidad con sus obligaciones internacionales de derechos humanos, incluido el Convenio, y eliminar los altos niveles de inseguridad y violencia que siguen afectando a las mujeres y niñas;

b) Adopte medidas apropiadas para crear conciencia sobre los derechos humanos de las mujeres mediante campañas y creación de capacidad pública diseñadas e implementadas con participación activa de las organizaciones de mujeres y abordar la propaganda negativa de género.

Marco legislativo y definición de discriminación contra la mujer 11. 

El Comité considera positivos los esfuerzos realizados para fortalecer la armonización de marco jurídico de la Convención, incluso mediante enmiendas al artículo 73 de la Constitución que permite al Congreso mexicano agilizar las leyes federales y estatales, así como la adopción de un Programa Nacional para la Igualdad y la No Discriminación (2014-2018). Sin embargo, le sigue preocupando que:

a) La persistencia de disposiciones discriminatorias en materia de sexo en la legislación, combinadas con la falta de armonización de los códigos civiles y penales a nivel estatal sigue impidiendo la aplicación efectiva de la Convención y la legislación nacional sobre igualdad de género;

(b) La falta de mecanismos efectivos, y un presupuesto estatal insuficiente para implementar y monitorear las leyes relacionadas con la igualdad de género y el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, no han logrado eliminar la discriminación, especialmente las formas que se cruzan de discriminación, particularmente contra mujeres indígenas, afro-mexicanas y migrantes, mujeres con discapacidad y mujeres lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales;

(c) La ausencia de un código penal unificado y de un mecanismo judicial para juzgar los casos de discriminación contra la mujer ha dado lugar a bajas tasas de enjuiciamiento en casos de discriminación basada en el sexo.

12. De conformidad con las obligaciones del Estado, en virtud de la Convención y en línea con el Objetivo 5 de Desarrollo Sostenible, meta 5.1 para poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y niñas de todo el mundo, el Comité reitera sus anteriores observaciones finales (CEDAW / C / MEX / CO / 7-8, párrafo 14.b) y recomienda que el Estado:

• Derogue cualquier disposición de su legislación que discrimine contra la mujer y niñas, armonizar definiciones legales y sanciones por discriminación y violencia contra la mujer, y garantizar la plena armonización del delito federal y estatal códigos relacionados con crímenes contra mujeres y niñas;

b) Adopte una hoja de ruta que incluya recursos adecuados, una línea  de tiempo y objetivos mensurables que requieren que las autoridades a nivel federal, estatal y local implementar leyes relevantes para prevenir y eliminar todas las formas de discriminación de facto contra las mujeres, en particular indígenas, afro-mexicanas, migrantes, mujeres con discapacidades, y mujeres lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales;

(c) Adoptar un Código Penal nacional y establecer una demanda judicial como mecanismo para abordar específicamente los casos de discriminación contra la mujer y garantizar que se asignan recursos humanos, técnicos y financieros adecuados para su aplicación eficaz, incluida la capacitación del poder judicial sobre la aplicación del Convención y otras leyes contra la discriminación.

 

Acceso a la justicia 13. 

El Comité celebra los esfuerzos realizados por el Estado para mejorar el acceso a la justicia para las mujeres, incluido el Protocolo para juzgar con perspectiva de género. Sin embargo, le preocupa que las prácticas arraigadas en lo institucional, estructural y práctico continúen obstaculizando el acceso de las mujeres a la justicia, incluyendo:

• Estereotipos discriminatorios y conocimiento limitado de los derechos de las mujeres entre el poder judicial, los profesionales del derecho y los agentes del orden, incluida la policía;

b) Criterios interpretativos estereotipados y parcialidad judicial en la resolución de casos, falta de rendición de cuentas de los jueces que no cumplen con las jurisdicciones sensibles al enfoque de género, combinado con acceso público limitado a decisiones judiciales;

(c) Barreras financieras, lingüísticas y geográficas que enfrentan los sectores de bajos ingresos, mujeres indígenas y mujeres con discapacidad para acceder a la justicia;

d) Conocimiento limitado de la información sobre sus derechos en virtud de la Convención, como así como los recursos legales disponibles para las mujeres, incluso para las víctimas de violencia y las bajas tasas de enjuiciamiento en esos casos.

14. De conformidad con el Convenio y su Recomendación general núm. 33 sobre acceso de las mujeres a la justicia (2015), el Comité recomienda al Estado:

a) Asegurar la creación sistemática y obligatoria de capacidad de los fiscales, defensores públicos, abogados, la policía y otros agentes del orden, a nivel federal, estatal y local, sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género, para eliminar el trato discriminatorio de mujeres y niñas;

(b) Adopte medidas efectivas para garantizar la implementación del Protocolo de la Suprema Corte para usar  la perspectiva de género en todos los procesos del poder judicial, en el niveles federales y estatales; garantizar la rendición de cuentas de los jueces que discriminan contra mujeres y revisar la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información (2015) para asegurar la publicación de todas las decisiones judiciales;

(c) Asegurar que la información sobre recursos legales esté disponible para las mujeres víctimas violencia de género y todas las formas de discriminación, incluidas los idiomas (idiomas indígenas) y en formatos accesibles para mujeres con discapacidad, e introducir un sistema de tribunales móviles y asistencia jurídica gratuita para facilitar el acceso a la justicia para las mujeres que viven en áreas rurales y remotas;

d) Aliente a las mujeres a denunciar incidentes de violencia de género, incluidos violencia doméstica, y garantizar que las mujeres víctimas de discriminación y de violencia tengan acceso a recursos oportunos y efectivos, y garantiza que todos los casos de la violencia de género contra sean investigados de manera efectiva y los autores son procesados ??y castigados adecuadamente.

Mecanismo nacional para el progreso de la mujer y la incorporación de la perspectiva de género

15. El Comité celebra el desarrollo de una política nacional de igualdad de género, así como los diversos mecanismos que se han creado para promover la igualdad de género, unidades de igualdad de género. Sin embargo, le preocupa:

a) Los limitados recursos humanos, técnicos y financieros asignados a los Institutos de la Mujer (Inmujeres) para promover la igualdad de género, así como para apoyar su papel como principal organismo coordinador del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres;

(b) El hecho de que el presupuesto de género, Anexo para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, representa solo el 0.7% del presupuesto federal;

(c) La falta de coordinación sistemática e institucionalizada, a nivel federal, estatal, y niveles municipales, entre los mandatos de los tres órganos principales que constituyen Sistema Nacional de Igualdad de Género;

(d) La ausencia de mecanismos integrales de monitoreo y evaluación de impacto, para la incorporación de la perspectiva de género, incluida la difusión limitada y el uso de datos desglosados e indicadores claramente enfocados;

(e) La participación limitada de las organizaciones de mujeres en el diseño y monitoreo de políticas públicas sobre igualdad de género.

16. El Comité recomienda al Estado:

(a) Incrementar los recursos humanos, técnicos y financieros del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), y mejorar su capacidad para promover y monitorear la implementación de políticas de igualdad de género, fortaleciendo su papel dentro del marco regulatorio que rige la integración de la perspectiva de género, en el ámbito federal y estatal;

(b) Adopte un proceso integrado de presupuestación de género y asigne recursos para la aplicación de los derechos de la mujer, garantizar la aplicación mecanismos eficaces de supervisión y rendición de cuentas en todos los sectores y niveles de gobierno, y mejorar el sistema de seguimiento de la asignación de recursos para mujer;

(c) Fortalecer los esfuerzos dirigidos a garantizar la institucionalización sistemática y la coordinación entre el Instituto Nacional de la Mujer y sus oficinas estatales y municipales;

(d) Introducir un monitoreo, una evaluación y mecanismos efectivos de rendición de cuentas para abordar los factores estructurales que causan desigualdades persistentes, y aplicar el enfoque integrado de la incorporación de la perspectiva de género y sobre la base del cumplimiento de los objetivos e indicadores relevantes y la recopilación efectiva de datos;

(e) Asegurar que las mujeres y otras organizaciones no gubernamentales participen en el diseño y monitoreo de la implementación de la igualdad de género políticas.

Medidas Especiales Temporales 17. 

El Comité celebra los progresos logrados por el Estado en la facilitación de la participación de las mujeres en la vida política y pública a través de la política de igualdad de género PROIGUALDAD (2013-2018). Sin embargo, le preocupa la aplicación limitada de medidas especiales temporales para acelerar el logro de la igualdad sustantiva de la mujer y hombres en todas las áreas cubiertas por la Convención.

18. El Comité recomienda que el Estado refuerce el uso de medidas especiales de carácter temporal, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención y Recomendación general Nº 25 (2004) del Comité sobre las medidas de protección temporal, como una estrategia necesaria para acelerar el logro de la igualdad sustantiva en todas las áreas de la Convención donde las mujeres están sub representadas o en desventaja.

Estereotipos 19. 

El Comité acoge con satisfacción las medidas legislativas y de otro tipo adoptadas para abordar estereotipos discriminatorios, incluida la firma de un Acuerdo para la Igualdad de Género y la Lucha contra la Violencia contra las Mujeres en los Medios en 2016, sin embargo, sigue siendo preocupante que:

a) Estereotipos discriminatorios persistentes sobre las funciones y responsabilidades de mujeres y hombres en la familia y en la sociedad, así como formas de discriminación que se cruzan y la arraigada cultura de machismo en el Estado, siguen impidiendo avanzar en el progreso de la igualdad de género;

(b) La normalización de la violencia contra la mujer mostrando estereotipos de mujeres sobre sexualizadas en los medios dominantes;

(c) retratos estereotipados de los medios e imágenes negativas de mujeres indígenas, mujeres afro-mexicanas, mujeres migrantes, y mujeres refugiadas y solicitantes de asilo.

20. El Comité recomienda que el Estado Parte:

(a) Adopte una estrategia integral dirigida a mujeres, hombres, niñas y niños para superar la cultura del machismo y los estereotipos discriminatorios sobre los roles y responsabilidades de mujeres y hombres en la familia y en la sociedad, y eliminar intersección de formas de discriminación contra la mujer;

(b) Desarrollar una estrategia educativa para profesionales de los medios que comprenda directrices y mecanismos de supervisión para eliminar los estereotipos discriminatorios contra mujeres, y alentar la cobertura mediática sensible al género, particularmente en campañas, introducir medidas para promover la igualdad de representación de mujeres y hombres en los medios de comunicación y aplicar plenamente el Acuerdo para la Igualdad de Género y la Lucha contra la Violencia contra las Mujeres en los Medios de Comunicación (2016), para garantizar sanciones adecuadas y los poderes de aplicación para abordar los estereotipos de género discriminatorios;

(c) Introducir medidas para alentar a los medios a promover imágenes positivas de mujeres indígenas, mujeres afro-mexicanas, mujeres migrantes, y refugiados y mujeres solicitantes de asilo.

Prácticas dañinas

21. El Comité observa con preocupación: Las disposiciones limitadas que prohíben los procedimientos médicos innecesarios en niños intersexuales y el apoyo inadecuado y la falta de recursos efectivos para las personas intersexuales, que se han sometido a procedimientos quirúrgicos médicamente innecesarios.

22. A la luz de la recomendación general conjunta / Observación general Nº 31 de la Comité y núm. 18 del Comité de los Derechos del Niño sobre prácticas nocivas (2014), el Comité recomienda que el Estado:

a) Adopte las disposiciones necesarias que prohíban explícitamente el desempeño de tratamiento quirúrgico u otro tratamiento médico innecesario en niños intersexuales hasta que alcancen una edad en la que pueden dar su consentimiento libre, previo e informado; y proporcionar asesoramiento y apoyo adecuados a las familias de niños intersexuales.

Violencia de género contra la mujer 23. 

El Comité celebra las importantes medidas legislativas e institucionales adoptadas por el Estado para combatir los altos niveles de violencia de género, sin embargo, sigue profundamente preocupado por:

a) Los patrones persistentes de violencia de género generalizada contra la mujer y niñas en todo el Estado, incluidas violencia física, psicológica, sexual y económica, así como el aumento de la violencia doméstica, las desapariciones forzadas, la tortura sexual y asesinato, particularmente feminicidio,

(b) El hecho de que los crímenes antes mencionados a menudo son perpetrados por el estado y actores no estatales, incluidos grupos del crimen organizado;

(c) La armonización incompleta de la legislación estatal con la Ley general sobre el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia (2016) para criminalizar el feminicidio;

d) La alta incidencia de desapariciones forzadas que involucran a mujeres, en las que son directamente afectadas como persona desaparecida, o como consecuencia de la desaparición de un miembro de la familia, en cuyo caso la carga a menudo recae sobre las mujeres, no sólo porque buscan a la persona desaparecida e inician un proceso de investigación, sino también por que este hecho las convierte en el principal proveedor de la familia;

(e) Los obstáculos persistentes que continúan impidiendo la implementación efectiva del Mecanismo de Alerta de Género (GAM por sus siglas en inglés) a nivel federal, estatal y municipal;

f) El uso denunciado de violencia por parte de agentes estatales y no estatales contra lesbianas, mujeres bisexuales y transgénero;

g) Los datos estadísticos limitados sobre la violencia contra la mujer, desglosados ??por tipo de violencia y relación entre el perpetrador y la víctima;

h) El limitado progreso en la resolución de la comunicación No. 75/2014 sobre Pilar Argüello Trujillo (aprobado por el Comité en virtud del artículo 7 (párrafos 3 a 5) del Protocolo Facultativo) a pesar de las garantías dadas por el Estado Parte al examinar este caso.

24. El Comité recuerda su Recomendación general núm. 35 (2017) sobre la violencia de género contra la mujer, actualizando la recomendación general núm. 19, y reitera su recomendación de que el Estado parte:

(a) Adopte medidas urgentes para prevenir las muertes violentas, los homicidios y las desapariciones de mujeres, incluso abordando las causas fundamentales de dicha violencia, incluida la violencia armada, el crimen organizado, el tráfico de drogas, la discriminación, estereotipos, pobreza y marginación de las mujeres;

(b) Investigar, enjuiciar y castigar adecuadamente a los perpetradores, incluido el estado y actores no estatales, como una cuestión prioritaria;

(c) Asegurar que el feminicidio sea criminalizado en todos los códigos penales estatales en de conformidad con la Ley general sobre el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia (2016), y estandarizar los protocolos de investigación policial para el feminicidio en todo el estado parte, y garantizar la aplicación efectiva de las disposiciones penales sobre el feminicidio;

(d) Simplifique y armonice los procedimientos a nivel estatal para activar la Alerta Amber y Protocolo Alba, y para acelerar la búsqueda de mujeres desaparecidas y niñas, y adoptar políticas y protocolos específicos para mitigar el riesgo asociado con la desaparición de mujeres y niñas, como el feminicidio y el tráfico de mujeres y niñas para la explotación sexual y el trabajo forzado; garantizar que la Comisión para la atención a las víctimas fortalezca su enfoque de género;

e) Evaluar el impacto del Mecanismo de Alerta de Género, para asegurar la implementación y coordinación armonizada y extendida a nivel federal, estatal y niveles municipales, y asegurar la participación de organizaciones no gubernamentales, expertos académicos, defensores de género y derechos humanos y mujeres víctimas de violencia;

f) Abordar la falta de medidas de protección para garantizar la dignidad y la integridad física de las mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero, incluida la conciencia de sus derechos, en cooperación con la sociedad civil;

g) Fortalecer los mecanismos para recopilar sistemáticamente datos desglosados ??sobre violencia contra la mujer, incluido el feminicidio, y desapariciones forzadas de mujeres y niñas;

(h) Acelerar la resolución de la comunicación Nº 75/2014, tal como fue adoptada por Comité en virtud del artículo 7 (párrafos 3 y 5) del Protocolo Facultativo, como cuestión de prioridad, con miras a alentar la resolución de otros casos similares en el futuro.

Mujeres, paz y seguridad

25. El Comité acoge con satisfacción los esfuerzos del Estado parte por alentar a las mujeres a unirse al fuerzas armadas, particularmente en posiciones de alto rango. Sin embargo, le preocupa la participación e inclusión limitada de las mujeres en los procesos y estrategias destinados a abordar la situación de violencia generalizada e inseguridad en el país, incluida la delincuencia organizada.

26. Recordando el Convenio y su Recomendación general núm. 30 sobre la mujer en prevención de conflictos, conflictos y situaciones posteriores a conflictos, el Comité recomienda que el Estado parte:

a) Desarrollar un plan de acción nacional, en cooperación con la sociedad civil y organizaciones de mujeres, para garantizar la participación de las mujeres al abordar la situación de inseguridad, violencia y crimen organizado en el país;

b) Introducir medidas especiales temporales para alentar aún más a las mujeres a unirse a las fuerzas armadas, particularmente en altos rangos;

c) Adopte medidas para fomentar la capacidad de las mujeres y las niñas, incluidas grupos de mujeres de la sociedad civil, para participar en los esfuerzos para contrarrestar la inseguridad y la violencia contra las mujeres.

Defensoras de los derechos humanos de las mujeres

27. El Comité observa con preocupación que las defensoras de los derechos humanos y periodistas, están sujetos a diversas y crecientes manifestaciones de violencia aparentemente cometidas por agentes del Estado en algunos casos. El Comité también está preocupado por los informes indicando que los medios sociales y los ataques digitales son utilizados como una herramienta por grupos anónimos para incitar a la violencia contra las mujeres defensoras de los derechos humanos y periodistas.

28. El Comité recomienda que el Estado Parte adopte medidas concretas y medidas eficaces para implementar plenamente y con perspectiva de género el Mecanismo Federal para Proteger Defensores de derechos humanos y periodistas en todos los estados, para prevenir, investigar, procesar y castigar los ataques y otras formas de abuso perpetrados contra las mujeres defensoras de los derechos humanos y periodistas, y que tome medidas efectivas para combatir impunidad.

Tráfico y explotación de la prostitución

29. El Comité celebra los esfuerzos por combatir la trata de personas en el Estado, incluso mediante la adopción de la Ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en el ámbito de la trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos crímenes (2012). Sin embargo, le preocupa:

a) La falta de mecanismos armonizados y coordinados a nivel estatal y municipal niveles para asegurar la implementación efectiva de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar crímenes en el campo de la trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas;

(b) La falta de una estrategia integral contra la trata y el uso limitado de datos desglosados ??sobre las víctimas de la trata o información sobre el alcance de la trata en el Estado, en particular por lo que respecta a la trata con fines distintos de la explotación sexual;

(c) Las bajas tasas de enjuiciamiento y condena en casos de trata y la revictimización de mujeres y niñas, algunas de las cuales, según los informes, son criminalizadas en lugar de recibir apoyo;

d) La insuficiencia de las medidas de rehabilitación y reintegración de la asistencia a las víctimas, incluyendo la cantidad inadecuada de refugios, y el acceso limitado a consejería, medicina tratamiento, apoyo psicológico y reparación, como la indemnización a las víctimas de la trata, en particular las mujeres migrantes;

e) La complicidad reportada entre agentes estatales y organizaciones internacionales organizadas bandas delictivas y la presistente corrupción e impunidad, así como la insuficiencia de coordinación con los países vecinos en relación con la prevención del tráfico, la atención a las víctimas y enjuiciamiento de los perpetradores.

30. El Comité recomienda que el Estado:

a) Asigne recursos humanos, técnicos y financieros adecuados a la aplicación efectiva y armonizada de la Ley general para prevenir, sancionar y erradicar crímenes en el campo de la trata de personas y para la protección y Asistencia a las víctimas en todas las entidades federativas;

(b) Fortalecer los mecanismos y políticas vigentes para combatir el tráfico, y garantizar que cuenten con los recursos técnicos, financieros y humanos adecuados, incluido para la capacitación de los inspectores del trabajo, la policía y los funcionarios de fronteras a fin de identificar mejor indicadores de trabajo forzado, tráfico y delitos relacionados con mujeres y niñas, y sistemáticamente recopilar y analizar datos desglosados ??sobre la trata de personas;

(c) Investigar, enjuiciar y castigar adecuadamente a los perpetradores de la trata en personas, especialmente donde las víctimas sean mujeres y niñas; y desarrollar lineamientos nacionales para identificación y derivación de víctimas de la trata a servicios sociales apropiados para evitar la revictimización;

d) Fortalezca el apoyo a las mujeres víctimas de la trata, en particular las mujeres migrantes y las mujeres indígenas, al garantizar un acceso adecuado a la atención de la salud, el asesoramiento servicios y reparación, incluida la indemnización, y la prestación de refugios adecuados;

e) Mejorar la cooperación regional con los países de origen y destino en para prevenir el tráfico a través del intercambio de información y la armonización de procedimientos; fortalecer los mecanismos institucionales, especialmente a nivel local, con un observatorio para combatir la corrupción; y sistemáticamente y debidamente investigar los incidentes  de complicidad entre los agentes del estado y las bandas del crimen organizado, y garantizar que los perpetradores son efectivamente procesados ??y castigados con penas adecuadas y medidas disciplinarias, y que las víctimas reciben reparación o compensación.

31. El Comité observa con preocupación los informes de violencia policial, extorsión y arbitrariedad arrestos y detenciones sin orden judicial de mujeres en prostitución. También le preocupa la información limitada sobre su situación y la ausencia de servicios y programas para las mujeres en la prostitución, incluidos los programas de salida para las mujeres que desean dejar la prostitución.

32. El Comité recomienda que el Estado Parte adopte medidas eficaces para proteger a las mujeres en la prostitución de la explotación y el abuso, así como llevar a cabo un estudio sobre las causas y el alcance de la prostitución y utilizar los resultados del estudio para desarrollar servicios y programas de apoyo para mujeres en la prostitución, incluida la salida programas para mujeres que desean dejar la prostitución.

Participación en la vida política y pública

33. El Comité acoge con satisfacción los progresos logrados por el Estado parte en aumentar la participación de la mujer en la vida política y pública, en particular mediante el establecimiento del Observatorio de participación política de la mujer y el aumento del número de mujeres elegidas como candidatas durante las elecciones recientes. Sin embargo, el Comité observa con preocupación:

a) Obstáculos estructurales al acceso de la mujer a la vida política y pública, en particular toma de decisiones en puestos designados, así como en partidos políticos;

b) Discriminación racial y de género dentro de los partidos políticos que continúan impidiendo que las mujeres se postulen para las elecciones a nivel estatal o municipal;

c) El fenómeno del aumento de la violencia política contra la mujer, la falta de marco normativo armonizado que tipifique la violencia política como crimen, así como también los bajos niveles de procesamiento, pueden disuadir a las mujeres de participar en las elecciones a nivel federal, estatal y especialmente a nivel municipal.

34. El Comité reitera su recomendación al Estado a utilizar la recomendación general núm. 23 (1997) sobre las mujeres en los ámbitos políticos y vida pública, incluida la elaboración de directrices para la aplicación de las disposiciones de cuotas mínimas para la representación política de las mujeres, con miras a acelerar la participación plena e igual de las mujeres en la vida pública y política, especialmente en el ámbito local. Hace un llamamiento al Estado Parte para que:

(a) Establezca objetivos y calendarios concretos para acelerar la igualdad de la participación de las mujeres en la vida pública y política en todos los niveles y crear las condiciones necesarias para el logro de dichos objetivos;

b) Adoptar medidas para abordar prácticas discriminatorias de jure y de facto dentro de los partidos políticos, que desalientan a las mujeres, incluidas las indígenas y afrodescendientes, mujeres mexicanas, de presentarse a las elecciones a nivel federal, estatal o municipal;

• En línea con la Recomendación general 35 sobre violencia de género contra la mujer, actualizando la recomendación general 19, el estado tome medidas para armonizar la legislación para reconocer la violencia política contra las mujeres como un crimen, estableciendo responsabilidades de las autoridades federales, estatales y municipales en términos de su prevención, atención, enjuiciamiento y sanción.

Nacionalidad

35. El Comité celebra la reforma constitucional de 2014, que reconoce el derecho al registro de nacimiento, y la reciente simplificación del proceso que requiere que los niños nacidos en los Estados Unidos  para registrarse en el consulado mexicano, al Comité le preocupa el número de niñas y niños indígenas, afro-mexicanos y migrantes que viven en áreas remotas quienes están registrados al nacer siguen siendo bajos.

36. El Comité recomienda que el Estado garantice el registro universal de nacimiento, incluso garantizando que las oficinas de registro o las unidades móviles estén disponibles en todas las unidades de maternidad, en los principales puntos de tránsito o destino de los migrantes y en comunidades donde nacen los niños se adopte una estrategia para crear conciencia en las mujeres sobre los derechos humanos que abordan la propaganda negativa y campañas a través del programas públicos de creación de capacidad y garantizar la participación activa de las organizaciones de mujeres en tales procesos. Fortalecer el proceso para acelerar el registro de niños nacidos de padres mexicanos en los Estados Unidos de América, que han regresado al Estado.

Educación 37. 

El Comité reconoce los esfuerzos del Estado para aumentar la matrícula de mujeres y niñas en áreas no tradicionales de estudios como ciencia, tecnología, ingeniería y Matemáticas (STEM) y entrenamiento vocacional. Sin embargo, observa con preocupación:

a) La persistencia de barreras estructurales para el acceso de mujeres y niñas a la alta calidad educativa, en particular en los niveles secundario y terciario, debido a limitaciones de las asignaciones presupuestarias en algunos estados, infraestructura escolar deficiente, materiales de enseñanza y la falta de maestros calificados, especialmente en comunidades indígenas y en áreas rurales;

b) Los recursos financieros y humanos inadecuados asignados para la implementación de la Estrategia nacional para prevenir el embarazo entre las adolescentes en todos los estados, mayor prevención de embarazo adolescente y reintegración de las jóvenes madres a la vida académica;  c) Infrarrepresentación de mujeres y niñas campos como la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas;

d) La aplicación inadecuada e incoherente de los planes de estudio sobre sexualidad y la salud reproductiva y los derechos en todos los estados;

e) La falta de mecanismos efectivos para prevenir, castigar o erradicar abuso sexual y acoso y otras formas de violencia en las escuelas.

38. El Comité recuerda el artículo 10 de la Convención, su recomendación general Núm. 36 (2017) sobre el derecho a la educación de las mujeres y las niñas, y recomienda al Estado:

a) Incrementar las asignaciones presupuestales para garantizar la plena implementación de los nuevos modelos de educación (2017) en todos los estados, y para permitir la mejora de la infraestructura escolar, especialmente en las comunidades indígenas y en las zonas rurales, y mejorar el suministro de materiales de enseñanza y aprendizaje esenciales y accesibles;

b) Asegurar que haya disponible suficiente apoyo humano y financiero para la totalidad de la  implementación de la Estrategia Nacional para Prevenir el Embarazo entre Niñas y Adolescentes, y fortalecer los mecanismos de apoyo para alentar a las mujeres embarazadas y las madres jóvenes continuar su educación durante y después del embarazo, incluso proporcionando instalaciones accesibles de cuidado para niños, informando a las mujeres embarazadas de sus derechos e imponiendo multas a las instituciones educativas que expulsen a las mujeres embarazadas y/o nieguen a las jóvenes madres reintegrarse en la educación;

c) Abordar los estereotipos discriminatorios y las barreras estructurales que puedan disuadir a las niñas de progresar más allá de la educación secundaria y mejorar las iniciativas que alentar la matriculación de niñas en campos de estudio tradicionalmente dominados por hombres, tales como ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM);

• Asegurar que la educación sexual integral para niños sea apropiada para la edad, basada en la evidencia y científicamente precisa;

e) Implementar medidas para prevenir, castigar y erradicar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas en instituciones educativas públicas.

Empleo 39. El Comité considera positivos los esfuerzos en curso para promover la integración de mujeres en el mercado de trabajo, incluso mediante reformas a la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, observa con preocupación:

a) Baja participación económica de la mujer en el Estado (44% en comparación con 78% de hombres);

b) La persistente brecha salarial de género (5,8% en 2017) tanto en el sector público como en el privado;

c) La distribución desigual del trabajo doméstico y de cuidado entre mujeres y hombres y los cortos períodos de licencia por paternidad, que obligan a muchas mujeres a trabajar tiempo parcial con bajos ingresos en el sector informal;

d) La situación precaria de las trabajadoras domésticas que, en promedio, ganan menos de la mitad del salario mínimo; no pueden acceder a la seguridad social o beneficios de salud; y no tienen protección legal de acuerdo al Código Federal de Trabajo;

e) El acceso limitado de mujeres migrantes, mujeres indígenas, afro mexicanas y mujeres con discapacidad al mercado laboral formal.

40. El Comité reitera sus recomendaciones anteriores (CEDAW / C / MEX / CO / 7 8, párrafo 29) y recomienda que el Estado Parte:

a) Adoptar medidas para aumentar el acceso de las mujeres al mercado laboral formal y promover el empleo de las mujeres en sectores no tradicionales, mejor pagados, así como a crear oportunidades de empleo para grupos desfavorecidos de mujeres, a través del uso de medidas especiales de carácter temporal en consonancia con el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención y su recomendación general No. 25 (2004);

b) Aplicar el principio de igualdad de remuneración por trabajo de igual valor, en consonancia con Convenio núm. 100 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y redoblar los esfuerzos para eliminar la brecha salarial de género y adoptar nuevas medidas para estrechar y cerrar el brecha salarial de género, incluso a través de una clasificación de trabajo analítico neutral desde el punto de vista de género y métodos de evaluación y encuestas regulares de salarios.

c) Vigilar y hacer cumplir la legislación que promueve y protege la maternidad y fortalecer los incentivos para que los hombres se valgan de su derecho al permiso parental, como así como agilizar la adopción de la política de cuidado nacional, proporcionando suficiente y adecuadas instalaciones para el cuidado de los niños;

• Modificar el Código Federal de Trabajo para asegurar su aplicación a los trabajadores, realizar inspecciones laborales regulares de los hogares privados y ratificar el Convenio núm. 189 (2011) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Salud

41. El Comité reitera sus preocupaciones anteriores (CEDAW / C / MEX / CO / 7 8, párrafo 30) y toma nota de los esfuerzos del Estado Parte por fortalecer y armonizar la Ley general de Las víctimas a nivel federal y estatal en relación con el aborto en casos de violación, así como introducción de una Estrategia Nacional para Prevenir Embarazos Adolescentes. Sin embargo lo es preocupado por:

a) Disposiciones en la legislación penal a nivel estatal que restringen el acceso a la asistencia jurídica aborto, y continúa obligando a las mujeres y niñas a recurrir al aborto inseguro a riesgo de su salud y vida;

b) Inconsistencias entre los diferentes códigos penales estatales que obstaculizan la eficacia aplicación del Artículo 35 de la Ley General de Víctimas y NOM-046-SSA2-2005, que legaliza el aborto en caso de violación;

c) Reformas recientes al Artículo 10 de la Ley General de Salud (2018), que proporcionan objeción de conciencia por parte del personal de salud y puede constituir obstáculos para el acceso de las mujeres al aborto seguro y a mecanismos de anticoncepción de emergencia, especialmente en zonas rurales y áreas remotas;

d) Incidentes denunciados de violencia obstétrica por parte del personal de salud durante el parto;

e) Las tasas desproporcionadamente altas de mortalidad materna entre las mujeres de comunidades indígenas;

f) Informes de esterilización forzada de mujeres y niñas, y acceso limitado a servicios de salud reproductiva, en particular para mujeres y niñas con trastornos mentales y discapacidades

42. En consonancia con su Recomendación general Nº 24 (1999) sobre la mujer y la salud, el Comité recomienda al Estado:

a) Incrementar los esfuerzos para acelerar la armonización de las leyes federales y estatales y protocolos sobre el aborto, con miras a garantizar el acceso al aborto legal y garantizar el acceso a los servicios de atención postaborto, independientemente de si el aborto ha sido legalizado;

b) Armonice las leyes federales y estatales relevantes con la Ley General de Víctimas y NOM-046-SSA2-2005, e informar y capacitar adecuadamente al personal médico a fin de garantizar atención especializada para mujeres y niñas víctimas de violencia sexual, incluida la provisión de servicios esenciales para la anticoncepción de emergencia y el aborto;

c) Desarrollar los protocolos necesarios para la implementación del modificaciones a la Ley General de Salud, que permiten la objeción de conciencia, siempre que esta no ponga en riesgo la vida de la madre y no impide el acceso de las mujeres y niñas a un aborto legal; y garantizar que, en tales casos, las mujeres y las niñas sean derivadas a otro proveedor apropiado;

d) Armonizar las leyes federales y estatales para definir la violencia obstétrica como una forma de violencia institucional y de género de acuerdo con la Ley General de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, y garantizar el acceso efectivo a la justicia y reparación integral a todas las mujeres víctimas de violencia obstétrica;

e) Reducir la incidencia de la mortalidad materna, incluso a través de colaboración con parteras tradicionales y capacitación de profesionales de la salud, especialmente en áreas rurales, asegurando que todos los nacimientos sean atendidos por personal calificado, en concordancia con los objetivos 3.1 y 3.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible;

f) Asegurar que el consentimiento informado sea buscado sistemáticamente por personal médico antes de que se realicen las esterilizaciones, que los practicantes las esterilizaciones sin dicho consentimiento sean castigadas adecuadamente y esa reparación y la compensación financiera está disponible para las mujeres víctimas de esterilizaciones no consensuadas.

Empoderamiento económico y beneficios sociales

43. El Comité acoge con satisfacción los constantes esfuerzos del Estado para reducir la pobreza. Sin embargo, sigue preocupado por:

a) Los altos niveles de pobreza y desigualdad con que se enfrentan los desfavorecidos y grupos marginados de mujeres, especialmente mujeres indígenas y afro-mexicanas, y mujeres cabezas de familia;

b) Que el sistema de prestaciones sociales no protege adecuadamente a las mujeres debido a su participación en el trabajo de cuidado no remunerado y el hecho de que muchos han sido empleados en el sector informal;

c) acceso limitado de las mujeres a microcréditos y préstamos;

d) La baja participación de mujeres en roles de liderazgo en el área de riesgo de desastres y gestión, especialmente a nivel local, a pesar de la inclusión de un perspectiva en su Política Nacional de Cambio Climático (2012).

44. El Comité recomienda que el Estado Parte:

a) Fortalezca su estrategia nacional de reducción de la pobreza con un enfoque en la mayor grupos de mujeres desfavorecidas y marginadas, en particular indígenas, afrodescendientes, mujeres mexicanas y rurales, asegurando que el desarrollo y la implementación de los ODS (Agenda 2030) son totalmente incluyentes, y alientan la participación activa de las mujeres en la formulación e implementación de estrategias de reducción de la pobreza;

b) Aumentar el acceso de las mujeres al sistema nacional de seguridad social, y desarrollar programas coordinados de protección social y compensación para las mujeres;

c) Asigne recursos financieros adicionales asignados para aumentar el acceso a microcrédito, préstamos y otras formas de crédito financiero para mujeres a fin de promover iniciativas empresariales de las mujeres y empoderarlas económicamente, en particular en lo que respecta a mujeres indígenas y afro-mexicanas, y mujeres con discapacidades;

d) De conformidad con la Recomendación general núm. 37 del Comité sobre dimensiones relacionadas con el género de la reducción del riesgo de desastres en el contexto del cambio climático, acelerar la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y recuperación relacionados con desastres en todos los niveles, en particular a nivel local; y continuar los esfuerzos destinados a integrar una perspectiva de género en todas las políticas de desarrollo sostenible, así como en la reducción del riesgo de desastres y la gestión posterior a los desastres.

Mujeres rurales y mujeres indígenas 45. El Comité acoge con satisfacción la introducción del sistema de transferencia de efectivo condicional PROSPERA y Cruzada contra el Hambre, así como el Programa Nacional de Financiamiento para microempresarias y mujeres rurales. Sin embargo, le preocupa que las mujeres rurales, en particularmente aquellos en comunidades aisladas, incluyendo mujeres indígenas y afro-mexicanas, continuar enfrentando formas de discriminación que se cruzan. El Comité está particularmente preocupado de que ellos:

a) Se ven desproporcionadamente afectados por la pobreza y enfrentan barreras para acceder asistencia sanitaria, educación y oportunidades de empleo en el sector formal;

b) A pesar de las recientes mejoras en el acceso a la tierra, las mujeres rurales e indígenas seguen teniendo acceso limitado a los títulos de propiedad de la tierra, así como una representación adecuada en la toma de decisiones en relación con el acceso a ejidos y tierras comunales;

c) La implementación limitada del principio de consentimiento libre, previo e informado y la falta de consultas con mujeres indígenas y mujeres afro-mexicanas en conexión con proyectos de desarrollo que afectan sus derechos colectivos a la propiedad de la tierra, así como las consecuencias de los desalojos forzados de mujeres indígenas y afro-mexicanas de tierras tradicionalmente ocupadas o utilizadas por ellos y el despojo de tales tierras como resultado de proyectos de desarrollo rural, sin la provisión de medios de vida alternativos;

d) El apoyo institucional insuficiente para garantizar que las mujeres indígenas tengan acceso adecuado a la atención de la salud, la educación y las oportunidades de empleo y para garantizar que son capaces de preservar y transmitir su forma de vida tradicional.

46. ??De conformidad con el Convenio y su Recomendación general Nº 34 (2016) sobre los derechos de la mujer rural, el Comité recomienda que el Estado Parte:

a) Aumentar los recursos financieros, humanos y técnicos asignados a educación y salud para mujeres rurales e indígenas, y medidas para crear oportunidades iguales, en la práctica, para indígenas, afro-mexicanos y mujeres rurales en el mercado laboral;

b) Ampliar el acceso de las mujeres indígenas y rurales a la propiedad de la tierra y la tenencia, incluso asegurando su adecuada representación en la toma de decisiones posiciones en relación con el acceso a ejidos y tierras comunales;

c) Establecer un marco legal para regular y asegurar el desarrollo de proyectos agroindustriales y otros proyectos empresariales se implementen solo con consentimiento libre, previo e informado de indígenas afectadas, afro-mexicanas y mujeres rurales y la provisión de medios de vida alternativos, así como acuerdos de distribución de beneficios sobre el uso de sus recursos naturales y tierras de acuerdo con el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169) de la OIT;

d) Fortalezca el apoyo institucional para garantizar el acceso de las mujeres indígenas a servicios básicos y oportunidades de empleo, y mejorar el reconocimiento y preservación de sus prácticas culturales tradicionales.

Grupos desfavorecidos de mujeres Refugiadas, solicitantes de asilo y mujeres migrantes 47. El Comité celebra la creación de la Dependencia para la Investigación de Crímenes contra los migrantes, así como su campaña "Migrar no es un delito”. Sin embargo, observa con preocupación que las mujeres migrantes continúan enfrentando detencines basada en la Ley de migración, que el "programa de liberación de detención" no es generalizado y que muchas mujeres y niñas solicitantes de asilo no tienen acceso efectivo a procedimientos de asilo, también le preocupa el derecho de los migrantes y los refugiados y el asilo los solicitantes para trabajar, para acceder a servicios de salud y vivienda no están garantizados en todos los estados. Está preocupado por el impacto de la desaparición forzada en los migrantes y los altos niveles de violencia de género, particularmente en la frontera con los Estados Unidos de América.

48. El Comité recomienda que el Estado:

a) Revise la Ley de migración con miras a abolir la detención automática y mientras tanto diseminar el "programa de liberación de detención" a todos los estados;

• Asegurar el acceso efectivo a un estado  de procedimientos de refugio justo, eficiente y sensible al género;

c) Garantice el derecho de las mujeres y niñas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo para trabajar, para acceder a servicios de salud y vivienda se implementa en todos los estados;

d) Asegurarse de que todos los servicios necesarios con respecto al empleo, cuidado de la salud, consejería psicológica, educación y su participación en asuntos públicos se hacen disponible para mujeres migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo;

• Asegurar que todos los casos de desapariciones forzadas de mujeres migrantes sean efectivamente investigados, y los autores procesados ??y castigados en consonancia con la gravedad del crimen cometido

Mujeres detenidas 49. El Comité acoge con satisfacción las iniciativas adoptadas para reducir la detención preventiva, y aplicar medidas no privativas de la libertad, sin embargo, sigue preocupado por las condiciones en muchos centros de detención, en particular los situados en zonas remotas, que limitan el acceso de las mujeres a todos los servicios, incluida la atención obstétrica y ginecológica, así como a los servicios de justicia, oportunidades de rehabilitación y reintegración, y contacto con miembros de la familia.

50. El Comité recomienda que el Estado fortalezca aún más la reforma del sistema penitenciario y armonizar el uso de sanciones y medidas no privativas de la libertad, en todos los estados. El Comité recomienda además que el Estado mejore las condiciones en la prisión, en particular para garantizar instalaciones adecuadas de atención sanitaria, atención obstétrica y ginecológica, acceso a servicios de justicia, en línea con las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de mujeres presas y medidas no privativas de la libertad para Mujeres Delincuentes ('las Reglas de Bangkok').

Matrimonio y relaciones familiares 51. El Comité observa como enmiendas positivas al artículo 45 de la Ley general sobre Derechos de niños y adolescentes que aumentan la edad mínima para contraer matrimonio a los 18 años para niñas y niños. Sin embargo, le preocupa la implementación efectiva de esta medida a nivel estatal. También le preocupan los informes sobre casos de matrimonio forzado, particularmente en comunidades indígenas.

52. De conformidad con la recomendación general conjunta núm. 31 del Comité sobre la Eliminación de la discriminación contra la mujer/comentario general núm. 18 de la Comité de los Derechos del Niño sobre prácticas nocivas (2014), el Comité recomienda que el Estado que garantice la aplicación efectiva del artículo 45 de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes garantizando que el mínimo la edad para contraer matrimonio de 18 años tanto para niñas como para niños se refleje en las leyes de todos estados y sea aplicado efectivamente en todo el País. Recomienda además que el Estado lleve a cabo campañas amplias de sensibilización para desafiar actitudes culturales que legitiman el matrimonio precoz e introducen mecanismos para registrar todos los matrimonios, especialmente en áreas rurales, remotas e indígenas.

Declaración y Plataforma de Acción de Beijing 53. El Comité exhorta al Estado Parte a que utilice la Declaración de Beijing y Plataforma de Acción en sus esfuerzos por aplicar las disposiciones de la Convención.

Diseminación 54. El Comité pide al Estado Parte que garantice la difusión oportuna de la presente observaciones finales, en el idioma oficial del Estado, al instituciones estatales pertinentes en todos los niveles, en particular el Congreso Nacional, el Estado Ministerios y tribunales, para permitir su plena implementación.

Seguimiento de las observaciones finales 55. El Comité pide al Estado que, en un plazo de dos años, proporcione información sobre los pasos dados para implementar las recomendaciones contenidas en los párrafos 24 (c), (d), (e) y (h) anteriores.

Preparación del próximo informe

56. El Comité invita al Estado parte a que presente su décimo informe periódico en julio 2022. El informe debe presentarse a tiempo y cubrir todo el período hasta el momento de su presentación.

57. El Comité pide al Estado que siga las directrices armonizadas sobre informes en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos, incluidas directrices sobre documento básico común y documentos específicos de tratados (HRI / GEN / 2 / Rev.6, capítulo I). 

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